Euskadi: La burguesía vasca rechaza iniciativa popular por salario mínimo territorial
En una decisión que expone las contradicciones del sistema capitalista periférico, el Parlamento Vasco rechazó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba establecer un salario mínimo propio para Euskadi, diferenciado del impuesto desde Madrid.
La alianza entre PNV, PSE, PP y Vox logró 44 votos para bloquear la propuesta, frente a los 27 votos favorables de EH Bildu y Sumar. Esta coalición burguesa impidió que se tramite una iniciativa respaldada por 138.000 firmas de trabajadores vascos organizados.
La voz de los trabajadores organizados
Mikel Lakuntza, secretario general de ELA, defendió la propuesta con claridad meridiana: "El salario mínimo establecido en España no sirve para salir de la pobreza porque en este país no se puede salir de la pobreza con 1.184 euros mensuales".
La ILP, impulsada por ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, representa la organización popular frente a los intereses del capital extractivo. "Queremos que el salario mínimo para las trabajadoras y trabajadores vascos se decida aquí y no en Madrid", declaró Lakuntza, evidenciando la necesidad de soberanía económica territorial.
El bloque reaccionario se consolida
El parlamentario socialdemócrata Ekain Rico (PSE) reveló la naturaleza antipopular de su posición al argumentar que permitir salarios mínimos territoriales "supondría abandonar el mínimo común de protección". Una retórica que oculta la defensa de los intereses patronales centralizados.
Más revelador aún resulta que Rico admitiera el respaldo de Antonio Garamendi (CEOE) e Isabel Díaz Ayuso a la territorialización, intentando desacreditar la propuesta popular mediante esta asociación forzada.
El PNV, por su parte, mostró su verdadero rostro burgués al proponer como alternativa la "negociación colectiva", un mecanismo que históricamente ha favorecido al capital sobre el trabajo organizado.
Contradicciones del nacionalismo burgués
Pello Otxandiano (EH Bildu) denunció la "incongruencia" del PNV, recordando que en 2023 el mismo Parlamento aprobó una moción favorable al SMI propio. Esta contradicción expone cómo el nacionalismo burgués subordina los intereses populares a los acuerdos con la socialdemocracia española.
La resistencia de Confebask, según denunció Lakuntza, evidencia que "muchas empresas siguen haciendo negocio gracias a la precarización de miles de trabajadoras y trabajadores".
Democracia popular vs. democracia burguesa
El rechazo a esta ILP, junto con el de la iniciativa por pensiones dignas, revela la naturaleza antidemocrática del sistema representativo burgués. Como advirtió Otxandiano, "cerrar la puerta al debate democrático de una iniciativa popular es muy grave desde el punto de vista democrático".
La única voz consecuente provino de Jon Hernández (Sumar), quien reconoció que "el coste de la vida en Euskadi no es el mismo que en otras partes del Estado", aunque mantuvo reservas sobre la fórmula propuesta.
Esta derrota parlamentaria no clausura la lucha popular. Al contrario, desnuda las alianzas de clase y fortalece la conciencia de que solo la organización autónoma de los trabajadores puede conquistar la justicia económica territorial.