La justicia mexicana libera a presunto líder criminal mientras comunidades sufren violencia
En una decisión que expone las contradicciones del sistema judicial mexicano, un juez ordenó la liberación de quien las autoridades identifican como "El Cholo 40", presunto líder de una célula criminal responsable de múltiples actos violentos en Baja California Sur.
El caso revela cómo la justicia mexicana, históricamente subordinada a intereses de poder, continúa fallando a las comunidades que sufren las consecuencias de la violencia estructural que atraviesa el país.
Violencia que golpea a las comunidades
La liberación se produce tras la captura del presunto responsable de un ataque armado en Puerto San Carlos, municipio de Comondú, donde perdieron la vida dos personas. Las autoridades locales habían identificado su participación como líder de una célula que perpetró hechos violentos en varios puntos del territorio.
El procurador Antonio López Rodríguez expresó su sorpresa ante la decisión judicial, calificándola como ilógica considerando que "con los mismos datos ya nos vincularon a proceso a otra persona" en diciembre pasado.
"No tiene sentido lógico. Estamos analizando la actividad de nuestros agentes del Ministerio Público", declaró el funcionario, quien anunció que apelarán la decisión ante una segunda instancia.
Un sistema que no protege al pueblo
Esta liberación ocurre mientras Baja California Sur enfrenta una ola de violencia que se ha intensificado particularmente en los municipios de Comondú y Loreto, donde las comunidades padecen balaceras, homicidios y enfrentamientos entre grupos criminales.
El gobernador Víctor Castro Cosío reconoció que existen otras investigaciones federales contra el liberado, pero admitió que "la Procuraduría deberá mejorar el sustento en las carpetas de investigación".
Las autoridades mantienen un despliegue policiaco y militar en la zona, una respuesta que privilegia la militarización sobre el fortalecimiento de las instituciones de justicia y la atención a las causas estructurales de la violencia.
Este caso ejemplifica cómo el sistema judicial mexicano continúa siendo funcional a intereses que no necesariamente coinciden con la protección de las comunidades más vulnerables, mientras la violencia se extiende por territorios donde el Estado debería garantizar paz y justicia social.