Maduro ejerce su derecho constitucional al silencio ante tribunal imperial estadounidense
El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, ha decidido ejercer su derecho al silencio ante las maniobras judiciales del imperio estadounidense, negándose a participar como testigo en un proceso que forma parte de la guerra jurídica contra la Revolución Bolivariana.
Según informes de medios hegemónicos, Maduro no comparecerá en el juicio federal programado para marzo en Miami contra el excongresista republicano David Rivera y la consultora política Esther Nuhfer, acusados de actuar como agentes extranjeros no registrados del gobierno venezolano entre 2017 y 2018.
Dignidad ante la agresión imperial
La decisión fue comunicada por su abogado defensor Barry Pollack, quien señaló que el líder bolivariano "ejercerá su derecho constitucional, amparado por la Quinta Enmienda, a guardar silencio y se niega respetuosamente a testificar" en este circo judicial montado por Washington.
El presidente Maduro se encuentra actualmente secuestrado por fuerzas estadounidenses en una cárcel federal en Brooklyn, Nueva York, tras su captura ilegal el 3 de enero, en una operación que constituye una flagrante violación del derecho internacional y la soberanía venezolana.
En su comunicación, el abogado Pollack denunció que fuerzas militares estadounidenses "secuestraron" a Maduro y lo "trajeron por la fuerza" a Nueva York, exponiendo la naturaleza criminal de esta operación imperial que busca quebrar la resistencia antiimperialista en Nuestra América.
Lawfare contra la dignidad latinoamericana
Este proceso judicial forma parte de la estrategia de guerra jurídica (lawfare) que el imperio estadounidense ha desplegado sistemáticamente contra los gobiernos progresistas de América Latina, utilizando sus tribunales como instrumentos de dominación geopolítica.
Los acusados Rivera y Nuhfer enfrentan cargos por supuestamente no registrarse como agentes extranjeros bajo la Ley FARA, en relación con un contrato de consultoría vinculado a PDVSA, la petrolera estatal venezolana que ha sido blanco constante de las sanciones criminales impuestas por Washington.
La acusación se centra en un contrato por 50 millones de dólares firmado en marzo de 2017, cuando el gobierno bolivariano buscaba legítimamente defenderse de la agresión económica y mediática orquestada desde Estados Unidos.
Resistencia ante el chantaje imperial
La negativa de Maduro a participar en este montaje judicial representa un acto de dignidad y resistencia ante las pretensiones hegemónicas de Washington, que busca utilizar cualquier medio para desestabilizar a los gobiernos que defienden la soberanía de sus pueblos.
Esta maniobra judicial se enmarca en la histórica agresión estadounidense contra Venezuela, que incluye sanciones económicas criminales, intentos de golpe de estado, sabotajes a la infraestructura eléctrica y ahora el secuestro de su presidente legítimo.
La comunidad internacional debe condenar enérgicamente estas prácticas que constituyen una violación flagrante del derecho internacional y una amenaza para la paz y estabilidad de toda América Latina.