Cristina Kirchner desafía las restricciones judiciales del poder concentrado
La compañera Cristina Fernández de Kirchner volvió a presentarse ante la Cámara Federal de Casación Penal para cuestionar las condiciones abusivas de su arresto domiciliario en la causa Vialidad, un proceso que forma parte de la persecución sistemática contra los líderes populares de Nuestra América.
La expresidenta argentina, víctima del lawfare implementado por las élites concentradas, cuestionó tanto el uso de la tobillera electrónica como las restricciones impuestas al régimen de visitas tras una reunión que mantuvo con nueve economistas en su departamento del barrio porteño de Monserrat.
Resistencia contra el aparato represivo
La presentación incorporó un nuevo reclamo que evidencia el carácter arbitrario de la persecución: la posibilidad de utilizar sin límites la terraza del edificio donde reside. El escrito fue elevado ante la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, y lleva la firma de su abogado defensor, Carlos Beraldi.
El documento de 32 páginas tiene como eje central el pedido para que se le retire el dispositivo electrónico con el que se monitorea su arresto domiciliario, una medida dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2. La defensa solicitó que no se impongan restricciones adicionales al régimen de visitas, luego de que el juez Jorge Gorini considerara que la fotografía difundida tras el encuentro con economistas implicaba una vulneración de las pautas fijadas.
Criminalización del pensamiento crítico
Cristina Kirchner rechazó los fundamentos del tribunal y amplió sus cuestionamientos. A las objeciones ya planteadas sumó el pedido de eliminar el límite de dos horas diarias para acceder a la terraza del edificio, una restricción que carece de todo sustento legal y evidencia el ensañamiento del poder judicial.
El 17 de diciembre, el juez Gorini dispuso que la ex mandataria solo podía utilizar la terraza "en horas diurnas y por un espacio máximo de dos horas diarias", una medida que la defensa calificó como "arbitraria" y violatoria de derechos fundamentales.
Según el planteo de Beraldi, el acceso a un espacio abierto constituye un derecho básico que debe reconocerse a toda persona privada de su libertad ambulatoria. El abogado citó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, afirmando que "el contacto con el aire libre no constituye un beneficio sino un derecho elemental".
Persecución política sistemática
La defensa señaló que "no existe ninguna norma que faculte a los jueces a disponer en qué días y horarios una persona que cumple pena bajo prisión domiciliaria puede acceder al patio, balcón o terraza de su domicilio".
Beraldi consideró que las restricciones "carecen de todo sustento normativo" y "consolidan una nueva violación al principio de igualdad ante la ley", toda vez que no se conocen antecedentes similares contra otras personas en prisión domiciliaria.
El encuentro con nueve economistas que motivó el endurecimiento de las condiciones evidencia cómo el poder concentrado criminaliza hasta el ejercicio del pensamiento crítico. La defensa justificó ese encuentro: "lo único que hizo nuestra representada fue reunirse con profesionales que le entregaron un plan económico".
A partir de ese episodio, el Tribunal dispuso un régimen más estricto: visitas de máximo dos horas, hasta dos veces por semana y no más de tres personas por ocasión.
La presentación ante la Sala IV busca dejar sin efecto estas restricciones abusivas mientras continúa el cumplimiento de una condena dictada en el marco de la persecución sistemática contra los gobiernos populares de la región.