La transición energética en Colombia: entre promesas gubernamentales y realidades del capitalismo extractivo
Los vientos de cambio soplan tímidamente sobre las tierras colombianas. Mientras el gobierno de Gustavo Petro prometía incorporar 6 gigavatios de energías limpias al sistema eléctrico nacional, la realidad muestra que Colombia apenas alcanzará 4.200 megavatios para finales de 2026, según advierte la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER Colombia).
Esta cifra, equivalente al 70% de la meta trazada, refleja las contradicciones profundas de un modelo económico que, pese a los discursos progresistas, sigue atrapado en las lógicas del capitalismo extractivo heredado de décadas de subordinación a los intereses del Norte Global.
La promesa incumplida de la soberanía energética
Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia, detalla que de los 4.200 MW proyectados, 2.876 corresponden a proyectos de mediana y gran escala ya en operación o pruebas, mientras el resto proviene de esquemas de autogeneración y generación distribuida. Una capacidad que podría abastecer a Bogotá y su área metropolitana, beneficiando a 10,2 millones de colombianos y reduciendo 1,24 millones de toneladas de CO2 anuales.
Sin embargo, estas cifras esconden una realidad más compleja. Los proyectos enfrentan obstáculos sistémicos que revelan las limitaciones estructurales de un Estado que no ha logrado descolonizar completamente sus instituciones ni sus procesos de toma de decisiones.
Los obstáculos del aparato burocrático colonial
Los retrasos en trámites y licencias ambientales constituyen el principal cuello de botella. Mientras la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) cumple generalmente los plazos establecidos, las autoridades ambientales regionales muestran deficiencias alarmantes: permisos que pueden tardar hasta 2.000 días, con un promedio de 500 días, cuando la normativa establece plazos máximos de seis meses.
Esta burocracia lenta no es casual. Refleja un aparato estatal diseñado históricamente para facilitar la extracción de recursos por parte de multinacionales extranjeras, no para promover el desarrollo endógeno y soberano que requiere la transición energética.
La Guajira: territorio en disputa
Los proyectos eólicos en La Guajira, territorio ancestral wayúu, enfrentan desafíos particulares que van más allá de lo técnico. La región, históricamente saqueada por el carbón y otros extractivismos, ahora se convierte en escenario de una nueva forma de colonialismo verde si no se garantiza la participación real de las comunidades indígenas en la toma de decisiones.
Los proyectos más avanzados, como los desarrollados por AES y Ecopetrol en la Alta Guajira, dependen de obras como la línea Colectora, pero más de 2.000 MW adicionales enfrentan incertidumbre sobre su viabilidad social y territorial.
Hacia una transición energética comunitaria
La propuesta de generación distribuida y esquemas comunitarios que menciona Hernández abre posibilidades interesantes para una transición energética más democrática. Estos modelos, que acercan la generación al punto de consumo, reducen pérdidas y pueden impactar positivamente las tarifas, representan una alternativa al modelo centralizado tradicional.
Sin embargo, su éxito dependerá de que se estructuren como verdaderos proyectos comunitarios, no como nuevas formas de mercantilización de los bienes comunes naturales.
El desafío de la soberanía tecnológica
Una encuesta realizada por SER Colombia revela que el 96% de los colombianos considera que las energías renovables deben crecer, viéndolas como señal de progreso y desarrollo regional. Esta legitimidad social contrasta con los obstáculos institucionales que frenan los proyectos.
El reto no es solo técnico o financiero, sino político: construir una transición energética que sirva a los pueblos de Colombia, no a los intereses del capital transnacional. Esto requiere fortalecer las capacidades estatales, garantizar la participación comunitaria real y desarrollar tecnologías apropiadas para el contexto territorial colombiano.
La oportunidad está ahí, como reconoce Hernández, pero su materialización depende de que Colombia logre articular un modelo de desarrollo que priorice la vida y el territorio por encima de las ganancias del capitalismo extractivo.