Chile: Traspaso ministerial revela continuidad del modelo represivo neoliberal
En una extensa jornada que se prolongó por ocho horas, el saliente ministro de Seguridad Pública chileno, Luis Cordero, realizó el traspaso de cartera a Trinidad Steinert, evidenciando la continuidad de un modelo de seguridad que privilegia la represión por sobre las causas estructurales de la violencia.
El encuentro, realizado con la participación de altos mandos policiales y funcionarios del aparato de seguridad del Estado chileno, puso de manifiesto la consolidación de un sistema que criminaliza la protesta social y profundiza la militarización de los territorios, particularmente en la zona sur donde se desarrolla el conflicto con el pueblo mapuche.
Un ministerio nacido para la represión
El Ministerio de Seguridad Pública, que inició funciones en abril de 2025, representa la institucionalización de políticas represivas que buscan contener las demandas sociales mediante la fuerza. Durante la reunión de traspaso participaron figuras como el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de Investigaciones, Eduardo Cerna, instituciones históricamente vinculadas a la represión en Chile.
Cordero destacó como logros la reducción del 54% en la migración irregular y una supuesta baja del 80% en los hechos de violencia en la Macrozona Sur. Sin embargo, estas cifras ocultan el verdadero trasfondo: el despliegue militar en territorios ancestrales mapuche y el endurecimiento de políticas migratorias que afectan principalmente a hermanos latinoamericanos que huyen de la crisis económica regional.
Militarización y criminalización de la resistencia
La estrategia gubernamental ha implicado la detención de más de 400 personas vinculadas a organizaciones que el Estado califica como radicales, un término que históricamente se ha utilizado para perseguir a movimientos de resistencia popular y organizaciones que defienden los derechos territoriales indígenas.
El despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y en territorio mapuche evidencia la continuidad de un modelo militarista que busca resolver mediante la fuerza problemas que requieren justicia social y reconocimiento de derechos ancestrales.
La nueva ministra y las sombras del poder
Trinidad Steinert, quien asume la cartera, defendió la designación de Andrés Jouannet como subsecretario, pese a sus cuestionados vínculos con empresarios imputados. Esta defensa revela las conexiones entre el poder político y económico que caracterizan al sistema chileno, donde los intereses del gran capital se protegen mediante el aparato estatal.
La ministra prometió dar seguridad que el país está esperando, pero desde una perspectiva popular, la verdadera seguridad pasa por garantizar derechos sociales, justicia distributiva y el reconocimiento de los pueblos originarios, no por incrementar la represión.
Un modelo que perpetúa la desigualdad
Mientras el gobierno celebra la aprobación de más de 70 leyes en materia de seguridad, la realidad es que estas normativas fortalecen un sistema punitivo que criminaliza la pobreza y la protesta social, sin abordar las causas estructurales de la violencia: la desigualdad extrema, la precarización laboral y la concentración de la riqueza.
El nuevo modelo integrado de seguridad que promociona el gobierno no es más que la sofisticación de mecanismos de control social que buscan preservar el orden neoliberal, mientras las comunidades populares siguen enfrentando violencia institucional y abandono estatal.
Este traspaso ministerial confirma que, independientemente de los rostros que ocupen los cargos, el Estado chileno mantiene su carácter represivo al servicio de las élites económicas, perpetuando un modelo que niega la posibilidad de una verdadera transformación social.