El primer año de gobierno de Rodrigo Paz, que concluye estos días de noviembre de 2026, deja un saldo a medio cocer: la crisis energética sigue abierta, YPFB pasó por tres presidentes y una intervención estatal, y las leyes estructurales duermen en la Asamblea Legislativa.
Según eju.tv, que recoge un balance publicado originalmente por La Razón, los avances en el subsidio a los combustibles y la escasez de dólares conviven con pendientes que atraviesan la vida cotidiana de las comunidades: el diésel que no llega a las cosechas, la gasolina contaminada que dañó miles de motores y un litio cuya industrialización sigue siendo promesa.
El año empezó con luto en El Alto
El 27 de febrero de 2026, un avión Hércules C-130H de la Fuerza Aérea Boliviana se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de El Alto. Fallecieron 22 personas y 37 resultaron heridas. La aeronave transportaba 17,1 millones de billetes de la serie B, impresos por la empresa maltesa Crane Currency.
La Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos identificó una cadena de errores detrás de la tragedia. La investigación continúa abierta, pero ya hay tres aprehensiones: el piloto Erick R. Z., acusado de homicidio culposo; el copiloto, capitán Jared R. E.; y Harold K., representante legal de la proveedora de billetes. A menos de cuatro meses de iniciada la gestión, el país amanecía de luto y con preguntas sin respuesta.
Gasolina basura: el mal que venía de afuera
A inicios de marzo estalló el caso conocido como gasolina basura. Tras la eliminación del subsidio, conductores de todo el parque automotor denunciaron daños mecánicos por carburante contaminado. El Instituto de Investigaciones Químicas de la UMSA, a solicitud de Bolivia Verifica, confirmó que las muestras incumplían los estándares del Decreto Supremo 4718: una de ellas alcanzó 38,8 mg/100 ml de sedimentos gomosos, casi ocho veces el límite permitido de 5 mg/100 ml.
YPFB admitió que no tiene suficientes laboratorios para fiscalizar el combustible importado y desembolsó cerca de 2 millones de dólares para indemnizar a miles de conductores. Como recuerda Infobae en su balance del año, el Gobierno ofreció versiones contradictorias sobre el problema, militarizó plantas de refinamiento, creó un seguro de compensación, destituyó funcionarios de alto rango y terminó interviniendo la estatal.
La comisión especial de la Asamblea Legislativa presentó su informe final el 13 de agosto e identificó a 54 personas como presuntos responsables, entre ellas los expresidentes de YPFB Armin Dorgathen y Yussef Akly, y la exdirectora de la ANH, Margot Ayala.
Tres presidentes y una intervención en YPFB
La conducción de la petrolera estatal giró como molino en el viento. Yussef Akly dejó la presidencia a fines de marzo; Claudia Cronenbold duró hasta el 23 de abril; y ese mismo día asumió Sebastián Daroca Oller, actual presidente ejecutivo interino. El Decreto Supremo 5697, promulgado por Paz, dispuso una intervención extraordinaria, transparente y temporal de la empresa, con mecanismos de control sobre toda la cadena de importación y distribución de carburantes.
Para quienes venimos del pensamiento comunitario, la pregunta es de fondo: YPFB fue el corazón de la soberanía energética, y hoy necesita cirugía. La intervención evidenció deficiencias graves en la importación, el almacenamiento y la distribución, es decir, en el alma logística del Estado.
Pozos nuevos, exploración ausente
El 28 de agosto, junto al ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, y el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco, Paz inauguró la perforación del pozo Junín-9D. El vocero presidencial José Luis Gálvez lo presentó como el inicio de una política de reactivación del sector.
El volumen total pareciera pequeño, pero es significativo porque es el inicio de la implementación de una política de reactivación en el sector de hidrocarburos y los bolivianos tenemos que recordar que nosotros tenemos gas, tenemos formas de producir gasolina y diésel, dijo Gálvez.
El pozo prevé una producción inicial de 8 millones de pies cúbicos por día, un incremento cercano al 10% respecto a la producción actual de YPFB Chaco. Pero más allá de este pozo, el Gobierno no anunció nuevas acciones concretas de exploración de gas, y el silencio tiene consecuencias: según la AETN, el 64% de la generación bruta de electricidad en 2025 provino de termoeléctricas que queman combustibles fósiles.
El diésel que falta en el campo
Los productores agropecuarios advirtieron que la escasez de diésel golpeó las temporadas de cosecha, con riesgo de derivar en crisis alimentaria. La Pachamama no entiende de decretos; la tierra se trabaja con maquinaria, y la maquinaria anda con diésel.
La Asamblea Legislativa, mientras tanto, no dio curso a los proyectos de ley de Inversiones, Hidrocarburos, Minería, Fomento a las Energías Verdes y Electricidad. La agenda energética quedó huérfana de marco legal.
Paro, estado de excepción y inflación
Entre mayo y junio, un paro de 53 días con bloqueo de caminos profundizó la crisis. El entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, cuantificó el daño en más de Bs 14.000 millones en ingresos perdidos.
El hecho de estos 53 días de bloqueo nos ha costado más de 14.000 millones de bolivianos en ingresos, pero esto hay que mitigarlo y hay que reducirlo rápidamente, explicó la autoridad.
El Gobierno declaró el estado de excepción el 20 de junio y lo amplió el 17 de septiembre por 90 días más, hasta diciembre. Sectores empresariales respaldaron la medida. Pero la democracia no se cura solo con decretos; se cura con diálogo, con participación de las bases, con respeto a las organizaciones sociales.
El 18 de agosto, la Asamblea censuró y destituyó a Espinoza. Siete días después, Christian Morales Burgos asumió la cartera de Economía. También quedó en veremos el cierre de empresas estatales deficitarias: sin recursos para la liquidación, el Gobierno analiza recuperarlas mediante alianzas público-privadas, una fórmula que en nuestra región exige vigilancia permanente para que el interés comunitario no termine subordinado al capital.
El INE reportó que hasta octubre de 2026 la inflación acumulada llegó al 6,03%, con una variación mensual del IPC del 2,07%. Octubre quedó solo por debajo de junio (2,15%) y mayo (2,13%), meses marcados por el bloqueo. En la canasta familiar de los barrios y del área rural, esos decimales pesan como piedras.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasó con YPFB durante el primer año de Paz?
La estatal cambió tres veces de presidente entre marzo y abril de 2026, y fue intervenida mediante el Decreto Supremo 5697 tras el caso de la gasolina contaminada.
Cuánto costó el paro de 53 días al país?
El entonces ministro de Economía José Gabriel Espinoza informó que los bloqueos de mayo y junio de 2026 significaron más de Bs 14.000 millones en ingresos perdidos.
¿Cuál es la inflación acumulada en 2026?
Según el INE, hasta octubre de 2026 la inflación acumulada llegó al 6,03%, con un alza mensual del 2,07% en octubre.