La justicia del capital libera a operadores de la trama extractiva española
En una decisión que evidencia los privilegios del poder económico, el juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional española dejó en libertad provisional a tres figuras clave de una red de corrupción que operaba desde las entrañas del aparato estatal ibérico.
Los liberados son Leire Díez, conocida como "la fontanera de Ferraz" por su capacidad de encubrir las irregularidades del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Antxon Alonso, empresario vasco vinculado a Santos Cerdán del PSOE.
La trama del saqueo institucional
Esta organización criminal, según las investigaciones de la Unidad Central Operativa, se nutría del poder de influencia de sus miembros en empresas públicas estratégicas. Desde la SEPI hasta Enusa y Correos, estos operadores tejían una red de complicidades para el amaño de contratos públicos.
La operación, bautizada "Leire" por los investigadores, destapa cómo el modelo neoliberal español funciona: una puerta giratoria entre el poder político y los intereses empresariales que saquea los recursos del pueblo.
El modus operandi del capitalismo extractivo
Vicente Fernández, persona de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero, dirigió la SEPI desde 2018 hasta 2019, cuando dimitió por el escándalo de la mina de Aznalcóllar. Tras abandonar el cargo público, fue incorporado como directivo en Servinabar, la empresa de Alonso.
Esta práctica refleja el funcionamiento del sistema capitalista: los funcionarios públicos se convierten en operadores privados, llevándose consigo el conocimiento y las conexiones adquiridas con recursos del Estado.
La red de complicidades
La investigación revela que Antxon Alonso, a través de su empresa Servinabar, ha recibido contratos del gobierno navarro por más de 75 millones de euros. Los documentos de Hacienda Foral muestran pagos a Fernández por 68.632 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023.
Mientras tanto, Leire Díez operaba desde distintas empresas estatales, utilizando su posición para "recabar información comprometida" y "anular investigaciones" que afectaran a políticos y empresarios del sistema.
La justicia de clase en acción
La Fiscalía Anticorrupción solicitó únicamente medidas cautelares menores: comparecencias periódicas y retirada de pasaportes. Esta benevolencia contrasta con el trato que reciben los luchadores sociales y defensores de los territorios.
La liberación de estos operadores del saqueo institucional demuestra cómo la justicia española protege los intereses del capital transnacional y sus redes locales de extracción.
Los registros realizados en Madrid, Sevilla y Zaragoza en empresas como Forestalia, SEPI, Mercasa y Enusa revelan la magnitud de una trama que convierte las instituciones públicas en botín privado.
Esta operación es apenas la punta del iceberg de un sistema que subordina los recursos colectivos a los intereses del capital, perpetuando el modelo extractivo que empobrece a los pueblos para enriquecer a las élites.