El diésel llegó a 17,95 bolivianos por litro en Bolivia tras dos subidas que lo encarecieron de 3,72 a 9,80 bolivianos en diciembre de 2025 y hasta el precio actual en septiembre de 2026, según el balance publicado por El País Tarija. Mientras el combustible alcanza el precio internacional, la exploración petrolera, el litio y las empresas públicas siguen sin respuesta del gobierno.
La gasolina especial quedó fijada en 6,96 bolivianos hasta diciembre, mes en que pasará a precio de costo. El compromiso con el Fondo Monetario Internacional fija enero de 2027 como fecha de llegada al costo real. En diciembre de 2025, la gasolina subió 86% y el diésel 160%, el primer golpe económico del nuevo gobierno y el único que sobrevivió a la caída del decreto 5503.
Cuatro pasos para un precio que duele en el campo
El camino hacia el diésel caro tuvo cuatro momentos. El primero fijó la gasolina en 6,96 y el diésel en 9,80 bolivianos, con una fórmula que debía acercar los precios al costo de importación en seis meses. Ese plazo no se cumplió. La guerra en Medio Oriente disparó el petróleo desde marzo y los bloqueos de mayo y junio, que duraron 53 días, volvieron políticamente imposible otra subida.
El segundo paso fue el Decreto 5652, de julio, que incorporó el tipo de cambio flexible a la fórmula pero congeló los precios hasta diciembre. El costo lo absorbe el Tesoro: el Decreto 5683 autoriza hasta Bs 2.000 millones para cubrir la diferencia que paga YPFB.
El tercero llegó en agosto con el Decreto 5676, que permitió vender diésel a precio de costo, unos 18 bolivianos, a los grandes consumidores, cerca del 20% del consumo nacional. El argumento oficial fue frenar el contrabando que aprovecha la diferencia con los países vecinos. El cuarto, el 19 de septiembre, igualó el precio para todos y estableció una banda de ajuste automático.
Un mercado que dejó de ser del pueblo
Mientras los precios subían, cambió también quién vende combustible en Bolivia. Bajo la emergencia energética del Decreto 5517, una cadena de normas abrió un negocio que fue exclusivo de YPFB durante dos décadas. Hoy cualquier privado con almacenaje puede importar y vender derivados a precio de mercado y usar la infraestructura que construyó el Estado con el dinero de todos.
Las refinerías pueden importar crudo y vender lo que procesan. Las empresas pueden importar gas natural, incluso licuado, para su propio consumo o para generar electricidad. Para un país que fue proveedor de gas de la región, la autorización marca un giro histórico: la riqueza del subsuelo deja de ser de la nación para ser negocio de pocos.
La apertura alcanzó también a la electricidad. Cualquier agente puede comprar o vender energía a países vecinos, las distribuidoras pueden generar hasta 15% de su energía con fuentes renovables propias, y hogares y empresas pueden aportar al sistema con paneles solares.
Ninguna de estas medidas tiene rango de ley ni pasó por la Asamblea Legislativa. Todas cuelgan de decretos de emergencia, con frases como de manera excepcional. Lo que un decreto abre, otro decreto puede cerrarlo, y ningún inversionista lo ignora. La democracia comunitaria, la que se decide entre todos, quedó fuera de cada una de estas decisiones.
Lo que no se movió: pozos quietos, litio en silencio
La exploración petrolera era el centro de la política energética del PDC. El programa prometía incentivos legales y fiscales, nuevos yacimientos y una ley moderna de hidrocarburos. Un año después no hay ninguna de las tres. El único decreto sobre incentivos los ajusta cuando el crudo supera un umbral, y el régimen de estabilidad jurídica para inversionistas cayó con el decreto 5503. Según el FMI, el gobierno envió a la Asamblea un proyecto de ley de inversiones en agosto y prepara normas para hidrocarburos y minería. Mientras tanto, la producción de gas cayó cerca de 20% en lo que va del año.
El litio es un silencio todavía mayor. No hay un solo decreto sobre Yacimientos de Litio Bolivianos en todo el año. La salmuera de Uyuni espera, como espera la Pachamama cuando sus hijos olvidan lo que ella guarda.
En minería, el patrón se repite. En abril el gobierno declaró una reserva fiscal minera en Chuquihuta, Potosí, y la anuló dos meses después para fortalecer la socialización con las comunidades. Tampoco hay ley minera ni medidas contra el mercurio en los ríos. La única norma de peso obliga a los exportadores de oro a liquidar el 80% de sus divisas. Hay más control estatal, no más inversión.
YPFB intervenida y una exministra presa
A fines de agosto, el gobierno intervino YPFB por 180 días y creó una comisión de ministros para auditar su cadena de importación y distribución. Días después intervino también a la ANH, el regulador. No es la reestructuración prometida, sino un instrumento de control.
Los estados financieros explican la urgencia. En 2025, YPFB reportó una utilidad de Bs 2.787 millones, pero sus ingresos operativos, de Bs 28.364 millones, no alcanzaron para cubrir el costo de lo que vendió, Bs 43.341 millones. La utilidad aparece gracias a Bs 18.379 millones en otros ingresos, en esencia compensaciones del Estado por el subsidio. Sus deudas de corto plazo superan los Bs 37.000 millones.
La intervención llegó después del caso de la gasolina basura, el combustible fuera de especificación importado entre octubre de 2025 y enero de 2026. La ministra de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, dejó el cargo en abril y fue aprehendida en julio, acusada de haber firmado una resolución para liberar tanques precintados por la ANH. Recibió detención domiciliaria. Entre los audios atribuidos a Cerimedo que difundió el vicepresidente aparecieron conversaciones sobre hidrocarburos que mencionan al ministro Marcelo Blanco y al presidente de YPFB. Ninguno tiene pericia oficial.
Quince empresas estatales en quiebra técnica
El reporte financiero de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) cubre 67 empresas entre 2006 y 2025. En 2025, 24 cerraron con pérdidas que suman Bs 2.092 millones, el peor registro anual desde la pandemia. En abril, el director de la OFEP, Pablo Camacho, informó que 15 empresas están en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas de Bs 2.655 millones.
Diez empresas perdieron dinero en al menos cuatro de los últimos cinco años y siete tienen patrimonio negativo. Cuatro aparecen en ambas listas: YLB, la azucarera EASBA, la textil Yacana y la metalúrgica de Karachipampa.
El presupuesto reformulado ordenó a la OFEP diagnosticar a todas las empresas en 30 días y autorizó liquidar las inviables. En julio, el COSEEP pidió a cada ministerio un plan de cierre, reestructuración o alianza con privados. La lista definitiva todavía no se conoce.
Hay un límite que la discusión pública suele pasar por alto: cerrar empresas pequeñas ahorra poco. El agujero mayor está en los créditos del Banco Central a ENDE, YPFB y YLB, que suman unos Bs 34.000 millones y no se resuelven cerrando nada. Por eso el FMI exige revisar la solidez del balance del propio Banco Central.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto subió el diésel en Bolivia?
El diésel subió de 3,72 a 9,80 bolivianos por litro en diciembre de 2025, un alza de 160%, y llegó a 17,95 bolivianos en septiembre de 2026, con un nuevo aumento de 83%.
¿Cuándo subirá la gasolina a precio de costo?
La gasolina especial se mantiene en 6,96 bolivianos hasta diciembre de 2026, mes en que pasará a precio de costo. El compromiso con el FMI fija enero de 2027 como fecha de llegada al costo real.
¿Cuántas empresas públicas están en quiebra en Bolivia?
Según la OFEP, 15 empresas estatales están en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas de Bs 2.655 millones. En 2025, 24 de 67 empresas públicas cerraron con pérdidas por Bs 2.092 millones.
¿Pueden los privados importar combustible en Bolivia?
Sí. Bajo la emergencia energética del Decreto 5517, cualquier privado con almacenaje puede importar y vender derivados a precio de mercado, usando la infraestructura existente, algo que fue monopolio de YPFB durante dos décadas.