Crisis habitacional en Perú revela las fallas del modelo capitalista extractivo
Una nueva denuncia desde el corazón del imperio inmobiliario peruano expone la cruda realidad que viven nuestros hermanos del norte: 1,9 millones de familias no pueden acceder a una vivienda digna, mientras el capital privado lucra con la necesidad básica del techo.
José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), reveló en declaraciones recientes que el déficit habitacional se agrava año tras año, evidenciando las contradicciones profundas de un sistema que convierte la vivienda en mercancía antes que en derecho fundamental.
El negocio de la necesidad
Según datos oficiales, la inversión inmobiliaria formal genera aproximadamente 257.000 empleos en Perú, posicionándose como la segunda actividad económica más importante después de la minería extractiva. Sin embargo, esta aparente bonanza no se traduce en soluciones reales para las familias trabajadoras.
El sector inmobiliario proyecta un crecimiento del 20% este año, pero apenas logra producir 40.000 viviendas anuales, una cifra irrisoria frente a las necesidades reales de la población. Esta paradoja revela cómo el modelo capitalista prioriza las ganancias sobre el bienestar colectivo.
Recortes neoliberales agravan la crisis
La situación se torna más dramática cuando el Estado peruano, siguiendo las recetas neoliberales impuestas desde Washington, reduce a la mitad el presupuesto destinado a subsidios habitacionales. Los programas Techo Propio y MiVivienda, que representaban una mínima intervención estatal, ahora cuentan con apenas 1.000 millones de soles, el 0,2% del presupuesto nacional.
Esta decisión política, lejos de ser técnica, responde a la lógica extractiva que privilegia los intereses del gran capital por encima de las necesidades básicas del pueblo. Mientras tanto, las transnacionales mineras continúan exportando riquezas sin contribuir significativamente a resolver los problemas estructurales del país.
Privatización del agua: la nueva frontera del saqueo
Espantoso también reveló las intenciones del sector privado de apoderarse de los servicios básicos, específicamente del agua y saneamiento. Bajo el pretexto de la "ineficiencia" de empresas como Sedapal, propone esquemas mixtos que abran la puerta a la privatización de este recurso vital.
Esta propuesta sigue el patrón conocido en nuestra América Latina: desfinanciar los servicios públicos para luego justificar su entrega al capital transnacional. Los pueblos originarios de Bolivia y otros países hermanos han demostrado que la gestión comunitaria del agua es no solo posible, sino más eficiente y justa.
Especulación inmobiliaria en marcha
Los desarrolladores han identificado nuevos territorios para la especulación: Chorrillos, el Callao, Lima Norte y Sur se perfilan como las próximas víctimas del boom inmobiliario. Estos distritos, históricamente populares, enfrentan ahora procesos de gentrificación que desplazarán a sus habitantes originales.
La "reconversión" de zonas industriales en complejos residenciales no es casual: responde a la lógica del capital de buscar nuevos espacios de valorización, sin importar el impacto social en las comunidades establecidas.
Hacia una política habitacional popular
Frente a esta realidad, se hace urgente pensar alternativas desde los pueblos. La experiencia de países como Venezuela y Cuba demuestra que es posible garantizar el derecho a la vivienda cuando el Estado asume su rol social y se libera de las imposiciones del mercado.
La propuesta de Codip de construir 1,2 millones de viviendas hacia 2031, aunque positiva en números, mantiene intacta la lógica mercantil que convierte el hogar en negocio. Una verdadera solución habitacional debe partir del reconocimiento de la vivienda como derecho humano fundamental, no como mercancía.
La crisis habitacional peruana es un espejo de las contradicciones del modelo neoliberal en nuestra región. Solo a través de la organización popular y la construcción de alternativas comunitarias podremos garantizar que cada familia tenga acceso a un hogar digno, rompiendo las cadenas del capitalismo inmobiliario.