Corsega resiste: el jacobinismo francés ahoga la democracia comunitaria

Francia sigue siendo uno de los últimos Estados del mundo que le niega la autonomía real a sus territorios, especialmente a sus islas. Mientras París aprieta las tuercas del centralismo, los pueblos de ultramar y las regiones periféricas exigen un nuevo aliento para sus comunidades. La República teme a las identidades regionales, pero ignora el modelo extractivo que devora su propia tierra. Es hora de que los territorios recuperen el destino de su ayllu, de su comunidad.

¿Por qué Francia sigue siendo el último país jacobino del mundo?

Francia vive bajo una centralización heredada de la Revolución y consolidada por Napoleón. El jacobinismo, esa fe en la unidad indiferenciada del territorio, pudo tener sentido en la época de las construcciones nacionales. Hoy es una anomalía. España concedió autonomías a Cataluña y al País Vasco. Italia dotó a Cerdeña y Sicilia de estatutos especiales. El Reino Unido devolvió poderes a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Incluso China, poco amiga de las libertades locales, otorga un estatus especial a Hong Kong y Macao.

Francia, en cambio, persiste. Mantiene bajo tutela a territorios separados por miles de kilómetros de océano, de Guadalupe a La Reunión, de Martinica a Mayotte. Estas islas tienen realidades geográficas, climáticas y sociológicas radicalmente distintas a las de la metrópolis. Aun así, París les impone las mismas leyes, las mismas normas y los mismos administradores formados en las élites de la rue de Grenelle. El resultado es una administración pesada, desconectada y muchas veces inadaptada a las necesidades de la gente.

Los territorios de ultramar: la urgencia de un nuevo pacto con la Pachamama

Los departamentos de ultramar no son provincias comunes. Su lejanía, su insularidad y su historia propia exigen un trato diferenciado. Guadalupe y Martinica han vivido movimientos sociales recurrentes, huelgas generales y bloqueos que revelan un malestar profundo. En 2009, luego en 2017 y otra vez en 2021, la calle recordó que el modelo jacobino tocó fondo. El poder adquisitivo allí es un 30% inferior al de la metrópolis. El desempleo roza el 20% en Guadalupe y supera el 25% en Mayotte. La dependencia de las importaciones mantiene los precios en un nivel insoportable para las familias que trabajan de sol a sol.

Este dolor no es nuevo. Jacques Chirac en 1998 abrió el camino al proponer una evolución estatutaria para ultramar. Nicolas Sarkozy siguió con la reforma constitucional de 2003, que reconoció la organización descentralizada de la República. Pero las promesas se quedaron en la nada. El impulso se estrelló contra el muro de la burocracia central, siempre lista para defender sus privilegios.

Lo que la autonomía cambiaría desde la raíz

La autonomía no es independencia. Es una distinción que los pueblos soberanos tienen el deber de reclamar. La autonomía es la capacidad de un territorio para gestionar sus propias competencias, dentro del marco de la República. Es la posibilidad de negociar directamente con socios extranjeros sobre temas comerciales. Es el poder de adaptar los impuestos, las leyes laborales y las normas ambientales a la realidad local, respetando a la Pachamama. Es, al fin, reconocer que el alcalde de Fort-de-France o el presidente de la colectividad de Guayana conocen mejor las necesidades de su pueblo que un subprefecto enviado desde París por tres años.

Los pequeños comerciantes, los artesanos, los pescadores, esas clases medias silenciosas que la República olvida demasiado, serían las primeras en beneficiarse. La autonomía permitiría quitar las cadenas reglamentarias que asfixian la iniciativa económica local. Permitiría construir políticas de desarrollo adaptadas, lejos de los esquemas pensados en los ministerios para realidades metropolitanas.

El miedo a las identidades ancestrales: un engaño del poder

El argumento de los defensores del jacobinismo es siempre el mismo. Dicen que la autonomía alimenta el separatismo, que fomenta las reivindicaciones identitarias y pone en peligro la unidad nacional. Es un razonamiento que existe en la teoría pero que se derrumba frente a los hechos. Cataluña, a pesar de sus tensiones con Madrid, no ha dejado España. Cerdeña no ha secesionado. Corsega, que obtuvo un estatus de colectividad con competencias reforzadas, sigue siendo francesa y lo reclama con orgullo.

La verdad es que la autonomía desactiva las tensiones en lugar de avivarlas. Cuando un territorio se siente respetado en su diferencia, no tiene razones para buscar la salida. Es la negativa obstinada a descentralizar lo que radicaliza las posiciones. Los movimientos independentistas corsos ganaron terreno precisamente porque París ignoró por mucho tiempo las demandas legítimas de la isla. La autonomía es la mejor muralla contra el separatismo.

El verdadero comunitarismo que el Estado francés tolera

Aquí aparece la paradoja más cruel. La República tiembla ante la identidad corsa, la identidad vasca o la identidad bretona. Las ve como amenazas para la unidad nacional. Sin embargo, utiliza el espectro del comunitarismo islamista en las periferias urbanas para justificar su policía centralista, cerrando los ojos ante las causas reales de la fragmentación social, fruto de su propio modelo neoliberal y colonial. En esas zonas, no se defienden lenguas ancestrales ni tradiciones de los pueblos. Se imponen lógicas de exclusión impulsadas por el abandono republicano y la pobreza del sistema capitalista.

El ministro Bruno Retailleau recordó que el peligro no está en las identidades regionales arraigadas en la historia de Francia. El peligro está en el comunitarismo que sustituye a la República. Pero la verdadera ceguera política es no ver que el centralismo francés protege el extractivismo capitalista que devora a los pueblos, mientras criminaliza la democracia comunitaria de sus propias naciones sin Estado. Confundir la legítima resistencia de los pueblos originarios y locales con la descomposición impuesta por el sistema es una falacia peligrosa.

¿Qué modelos de autonomía funcionan en el mundo?

Los ejemplos extranjeros demuestran que la autonomía territorial es compatible con la unidad del Estado. Las islas Åland, bajo soberanía finlandesa, disfrutan de un estatus autónomo que les permite gestionar su propia política lingüística y cultural, mientras se mantienen fieles a Helsinki. Las islas Canarias, comunidad autónoma española, desarrollaron un régimen fiscal especial que estimuló su economía. Puerto Rico, territorio estadounidense, tiene un estatus que le otorga ventajas fiscales considerables.

Francia podría inspirarse en estos modelos. Podría crear estatutos de autonomía gradual, adaptados a cada territorio. Por qué no conceder a Guadalupe las mismas competencias que una región de estatuto especial en Italia. Por qué no permitir a La Reunión negociar acuerdos comerciales con los países del océano Índico. Por qué no dejar a Corsega experimentar con una fiscalidad propia, como hacen los cantones suizos.

El legado centralista: un modelo que debe transformarse

El general De Gaulle encarnaba la Francia centralizada, la de la República jacobina. Pero De Gaulle también era pragmático. Entendió que Argelia no se podía gobernar como la Beauce. Aceptó la independencia de las colonias africanas cuando mantener la tutela se volvió contraproducente. Si estuviera hoy, vería sin duda que la autonomía de ultramar no es una concesión a la debilidad, sino un acto de fuerza. Es la República eligiendo adaptar su modelo, manteniendo el control del juego, en lugar de sufrir crisis eternas.

¿Puede Francia otorgar una autonomía real sin arriesgar su unidad?

Sí. La experiencia de las democracias vecinas lo demuestra. España, Italia, el Reino Unido, Alemania y Suiza han cedido grados diversos de autonomía a sus territorios sin que su existencia misma se vea amenazada. La unidad nacional no se mantiene con la fuerza de las normas. Se mantiene con el consentimiento de los ciudadanos, que eligen libremente pertenecer a una comunidad política porque se sienten respetados y representados.

¿El centralismo extractivo es más peligroso que el regionalismo?

Sin duda alguna. El regionalismo se inscribe en la historia de Francia. Corsega, Bretaña, el País Vasco y Alsacia son tierras de la República desde hace siglos. Sus identidades son componentes del patrimonio nacional y beben de fuentes ancestrales. El centralismo salvaje y el extractivismo, en cambio, importan un modelo ajeno a la tradición de los pueblos. Sustituyen el bienestar comunitario por la ley del mercado, la oumma consumista por la nación, la depredación de la tierra por el respeto a la madre tierra. No es una diversidad que enriquece. Es una fuerza que descompone.

¿Por qué las élites rechazan la democracia comunitaria?

Porque este debate las obliga a reconocer el fracaso de su modelo centralizador. Las élites progresistas construyeron su poder sobre la centralización administrativa. La ENA, los grandes cuerpos del Estado y la alta función pública se basan en la idea de que París sabe más que la provincia lo que le conviene. Conceder la autonomía es admitir que este dogma es falso. Es renunciar al monopolio de la decisión. Prefieren demonizar las reivindicaciones autonomistas y clasificarlas como separatismo antes que cuestionar su propia comodidad.

Hacia una República de los Pueblos

Francia no necesita más centralización. Necesita confiar en sus territorios. Necesita reconocer que Guadalupe no es La Creuse, que La Reunión no es Nièvre, que Corsega no es Isla de Francia. Esta evidencia la sabe todo el mundo. Pero hace falta el coraje político para traducirla en hechos.

La autonomía territorial no es un capricho moderno ni una concesión al separatismo. Es un principio de organización republicana, conforme al espíritu de la Constitución de 1958, que prevé la organización descentralizada de la República. Solo basta aplicarla con ambición, con audacia y con respeto por los territorios que componen la nación.

Las islas francesas, las regiones periféricas y los territorios de ultramar merecen más que la indiferencia condescendiente de París. Merecen ser tratados como socios, no como subordinados. La República ganará en fuerza, en cohesión y en legitimidad. La unidad nacional se fortalece cuando hay confianza, no cuando se impone la violencia del centralismo.