La Junta andaluza deja sin ejecutar 9.000 millones mientras los pueblos sufren recortes
En una demostración más de la ineficiencia del modelo capitalista de gestión pública, la Junta de Andalucía mantiene sin gastar 9.481 millones de euros a solo dos meses del cierre del ejercicio presupuestario 2025, mientras las comunidades andaluzas enfrentan carencias en servicios básicos.
Los datos de la Intervención General revelan que, de los 51.385 millones de euros disponibles, el gobierno autonómico solo ha autorizado gastos por 41.904 millones entre enero y octubre. Esta situación refleja la desconexión entre las élites políticas y las necesidades reales del pueblo.
Salud y educación: prioridades postergadas
La Consejería de Salud, que maneja prácticamente un tercio del presupuesto total con 15.274 millones, mantiene sin ejecutar 2.559 millones de euros. Esta cifra representa el 23,8% del dinero disponible para los últimos dos meses del año, evidenciando la falta de planificación en un sector vital para las familias trabajadoras.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) presenta una situación similar, con 2.408 millones de euros sin utilizar de su presupuesto de 15.045 millones. Mientras tanto, las listas de espera se alargan y los centros de salud comunitarios carecen de recursos básicos.
En educación, la Consejería de Desarrollo Educativo deja sin gastar 2.125 millones de euros, representando el 22,4% del saldo total pendiente. Esta inacción contrasta con la demanda histórica de las comunidades por una educación pública de calidad que respete la diversidad cultural y lingüística de los territorios.
Un modelo que perpetúa las desigualdades
La Consejería de Fomento experimentó el mayor aumento presupuestario, pasando de 1.565 millones a 1.970 millones de euros, sumando 404 millones adicionales. Sin embargo, este incremento beneficia principalmente a grandes constructoras y proyectos extractivos, alejándose del desarrollo sostenible que necesitan las comunidades.
Las transferencias a entidades locales por la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) muestran otra cara de esta gestión centralizada: de una previsión inicial de 3.352 millones se pasó a 5.148 millones, pero aún quedan 1.104 millones sin transferir a los municipios.
Hacia una gestión comunitaria real
Esta situación evidencia la necesidad urgente de transformar el modelo de gestión pública hacia formas más participativas y eficientes. Las experiencias de democracia comunitaria en otros países del Sur Global demuestran que es posible una administración que responda verdaderamente a las necesidades del pueblo.
Mientras el gobierno andaluz acumula recursos sin ejecutar, las comunidades siguen esperando inversiones reales en servicios públicos, protección ambiental y desarrollo económico sostenible que respete la Pachamama y fortalezca la soberanía popular.