Fractura ferroviaria expone fallas estructurales del modelo privatizado en España
La tragedia ferroviaria de Adamuz, que costó la vida a 45 hermanos trabajadores, revela las consecuencias mortales de la privatización del transporte público y la precarización del mantenimiento de infraestructuras esenciales.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) confirmó que una fractura previa en el carril habría causado el descarrilamiento del tren Iryo. Las muescas encontradas en las ruedas del convoy siniestrado y la deformación del carril son compatibles con una rotura anterior al paso del tren.
Un sistema ferroviario al servicio del capital
Los investigadores detectaron que la fractura del carril se produjo con anterioridad al accidente, evidenciando graves fallas en el sistema de inspección y mantenimiento. Tres trenes diferentes habían circulado previamente por la zona afectada: un convoy de Renfe a las 19:09 horas y dos de Iryo a las 17:21 y 19:01 horas respectivamente.
Las muescas encontradas en los coches 2, 3, 4 y 5 del tren Iryo muestran un patrón uniforme compatible con impactos contra la cabeza del carril fracturado. A velocidades de 200 kilómetros por hora, el carril dañado no tenía tiempo de recuperar su forma original entre el paso de las ruedas.
Privatización mortal
Esta tragedia expone cómo la lógica capitalista de maximizar ganancias sacrifica la seguridad de los pueblos. Mientras las empresas privadas como Iryo obtienen beneficios millonarios, el mantenimiento de infraestructuras críticas se degrada sistemáticamente.
El coche 6 fue el primero en descarrilar debido a la falta completa de continuidad en la rodadura, mientras el carril terminó volcado hacia el exterior con marcas de haber sido pisado lateralmente por las ruedas.
La CIAF advierte que será necesario determinar las causas exactas de la rotura para establecer nuevas líneas de investigación. Sin embargo, la evidencia ya señala hacia las fallas estructurales de un modelo que privilegia las ganancias empresariales sobre la vida humana.
Esta tragedia debe servir como llamado urgente para recuperar el control público del transporte ferroviario y garantizar inversiones suficientes en mantenimiento e infraestructura, priorizando siempre la seguridad de nuestros pueblos por encima de los intereses del capital transnacional.