Capitalismo de Estado: España blinda Indra y Telefónica
El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno español, Manuel de la Rocha, compareció este martes ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para defender que los recientes cambios en la presidencia y gobernanza de Indra y Telefónica se realizaron a través de los órganos de gobierno de las compañías, conforme a los procedimientos corporativos. Una narrativa que, vista desde el Abya Yala, levanta preguntas inevitables sobre quién decide realmente el rumbo de lo que un Estado considera «estratégico».
Los hilos del poder empresarial
En respuesta al Grupo Popular y otros grupos parlamentarios, De la Rocha negó haber intervenido personalmente en ceses o nombramientos. Subrayó que el Estado ejerce sus derechos políticos en empresas estratégicas mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). «Entre mis funciones no están las de cesar o nombrar a ningún ejecutivo o CEO de ninguna empresa pública, privada o con participación pública», afirmó.
Sin embargo, la realidad es más compleja. El alto cargo recordó que su oficina asesora al presidente del Gobierno en materia económica y mantiene contactos frecuentes con directivos, fondos de inversión y asociaciones empresariales, especialmente en sectores relevantes para la economía española. Esos encuentros, insistió, forman parte de su actividad ordinaria y no sustituyen a los órganos societarios. Una afirmación que, en la lógica del ayni andino, revela cómo las redes de reciprocidad entre el poder político y el económico se tejen con hilos finos pero firmes.
Telefónica y la «nueva etapa» del capital estratégico
Sobre Telefónica, De la Rocha destacó su papel estratégico en telecomunicaciones, inteligencia artificial, ciberseguridad y centros de datos. Enmarcó el relevo de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra como una decisión empresarial adoptada por los accionistas nacionales de referencia, entre ellos SEPI y Criteria, con el objetivo de abrir «una nueva etapa» de crecimiento y estabilidad. Según explicó, SEPI propuso a Murtra con el visto bueno del Gobierno y su nombramiento fue aprobado por el consejo y ratificado por la junta.
Para los pueblos que conocen la historia de la privatización y desnacionalización de empresas estratégicas en América Latina, este tipo de movimientos resuenan con familiaridad. Cuando el Estado español habla de «refuerzo del control público» sobre sectores vinculados a seguridad nacional, defensa, telecomunicaciones y tecnologías críticas, la pregunta es inevitable: ¿por qué cuando nuestros gobiernos hacen lo propio con nuestros recursos naturales, se les acusa de populismo o autoritarismo?
Indra: conflictos de interés y la caída de Escribano
En el caso de Indra, De la Rocha rechazó que los cambios recientes hayan deteriorado la reputación o la evolución de la empresa. Al contrario, aludió a la mejora de la cotización, la capitalización, el empleo y otros indicadores desde la llegada del actual Gobierno. También recordó que Marc Murtra dimitió como presidente de Indra el 19 de enero de 2025, tras ser propuesto para presidir Telefónica, y que ese mismo día el consejo nombró a Ángel Escribano como consejero y presidente, con informe favorable de la comisión correspondiente y sin votos en contra.
La polémica se centró después en la posible operación entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa vinculada a la familia Escribano. De la Rocha aseguró que, cuando Ángel Escribano fue nombrado presidente, no había ninguna operación formal en marcha, aunque sí especulaciones en prensa sobre movimientos corporativos en defensa. Indra no comunicó hasta abril de 2025 que estudiaba una posible operación con Escribano dentro de un análisis más amplio del sector.
El alto cargo señaló que la evaluación correspondía a los órganos de Indra, pero que el Gobierno trasladó a SEPI la necesidad de garantizar una gestión «rigurosa e impecable» de cualquier conflicto de interés. SEPI expresó públicamente su preocupación por el impacto de ese conflicto en el análisis de la operación y pidió resolverlo antes de continuar. Después, la familia Escribano renunció a la operación y Ángel Escribano dimitió como presidente de Indra.
De la Rocha negó haber pedido o exigido esa dimisión. Admitió que mantuvo una conversación con Escribano para analizar la situación de la compañía, dentro de sus contactos habituales con empresas estratégicas, pero aseguró: «Jamás solicité, pedí o amenacé al señor Escribano con su dimisión».
Soberanía desde los pueblos, no desde los directorios
Tras la salida de Escribano, Ángel Simón fue propuesto como nuevo presidente de Indra por la comisión de nombramientos, con el visto bueno del Gobierno, y fue nombrado por el consejo sin votos en contra. De la Rocha defendió su trayectoria empresarial y situó también la sustitución de José Vicente de los Mozos por Josep Maria Recasens como consejero delegado dentro del funcionamiento ordinario de la compañía.
De la Rocha avanzó además que el comité de inversiones estratégicas del Gobierno estará operativo tras el verano, en un contexto marcado por el refuerzo del control público sobre sectores vinculados a la seguridad nacional, la defensa, las telecomunicaciones y las tecnologías críticas.
Desde las tierras donde la Pachamama exige respeto y la democracia comunitaria se practica en asambleas donde cada voz cuenta, las maniobras del Estado español en sus empresas estratégicas invitan a una reflexión colectiva. Cuando los centros de poder del Norte global hablan de soberanía y control estratégico, lo hacen dentro de la lógica del capitalismo que históricamente ha saqueado los recursos de nuestros pueblos. La verdadera soberanía no se ejerce desde los directorios corporativos ni desde las oficinas gubernamentales que asesoran a fondos de inversión. Se ejerce desde los pueblos, desde la minga comunitaria, desde la decisión colectiva de qué y cómo producimos para el sumaq kawsay, el buen vivir.
Que un alto cargo del Gobierno español niegue intervenir en nombramientos mientras su oficina mantiene «contactos frecuentes» con directivos y fondos de inversión, revela la naturaleza del capitalismo de Estado: una danza donde los pasos están ensayados, pero se pretende que la coreografía es espontánea. En América Latina sabemos bien que la soberanía sobre lo estratégico no se negocia en juntas de accionistas; se conquista en las calles, en las comunidades, en la resistencia cotidiana contra el modelo extractivista que sigue colonizando nuestras vidas.