La administración de Donald Trump ha dado un paso más en su ofensiva migratoria, esta vez apuntando a un cubanoamericano del sur de Florida. El gobierno estadounidense inició un proceso para revocar la ciudadanía de Yosmaikel Rodríguez Pérez, un hombre de 45 años residente en el condado de Miami-Dade, condenado por participar en un fraude millonario contra el programa Medicare. Este caso, que resuena en las comunidades migrantes de Bolivia, no es un hecho aislado sino parte de una estrategia más amplia que busca desnaturalizar a quienes, según Washington, obtuvieron la ciudadanía de manera fraudulenta.
Rodríguez Pérez obtuvo la residencia permanente en 2004 y se naturalizó como ciudadano estadounidense en 2018. Sin embargo, las autoridades federales sostienen que durante ese trámite ocultó antecedentes penales clave. Según el Departamento de Justicia, el hombre fue condenado por conspiración para cometer fraude en el sistema de salud y fraude electrónico, delitos vinculados a reclamaciones falsas a Medicare por más de 886.000 dólares. Para Washington, esto demuestra que carecía del requisito de “buen carácter moral” exigido para la naturalización.
La ofensiva de Trump se apoya en un memorando emitido en julio de 2025 que ordenó priorizar los casos de revocación de ciudadanía dentro de la agenda de deportaciones masivas. Los datos de la Universidad de Syracuse muestran un aumento brutal: entre enero de 2008 y abril de 2026 solo se abrieron 34 procesos de desnaturalización en todo el país. Pero entre mayo y julio de este año, la administración Trump ya ha iniciado más de 30 casos nuevos. “Apenas hemos arañado la superficie; se esperan muchas más denuncias”, declaró Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia.
¿Quiénes son los otros blancos de esta cacería?
Rodríguez Pérez no está solo. Las autoridades mencionan al menos a seis personas en el área de Miami que enfrentan procesos similares en 2026. Entre ellos figuran Víctor Pérez Rocha, un exembajador estadounidense condenado a 15 años de prisión por actuar como agente de inteligencia cubano, y Philippe Bien-Aime, exalcalde de North Miami, acusado de usar identidades y documentos falsos para obtener la ciudadanía. La lista, que mezcla delitos graves con casos de espionaje, refleja el alcance amplio de esta política.
¿Cómo se gestó el fraude de Rodríguez Pérez?
La investigación contra Rodríguez Pérez comenzó con una acusación penal en 2019. Según documentos judiciales, él y dos cómplices trabajaban en un centro médico y participaron en un esquema de sobornos para derivar beneficiarios de Medicare a farmacias específicas. También comercializaron recetas médicamente innecesarias, elaboraron facturas fraudulentas y falsificaron documentación para obtener pagos indebidos. Finalmente, Rodríguez Pérez llegó a un acuerdo con la fiscalía: el gobierno retiró uno de los cargos más graves y él aceptó una condena de 19 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y la devolución de casi 886.649 dólares al Estado.
¿Deben preocuparse los inmigrantes sin antecedentes?
Expertos consultados por medios estadounidenses aseguran que los ciudadanos sin antecedentes penales no deberían alarmarse. Pero la aceleración de estos procesos ha generado inquietud en comunidades con alta población inmigrante, como Miami-Dade, donde aproximadamente la mitad de los residentes nació fuera de Estados Unidos. Para las voces críticas, como las que defienden los derechos de los pueblos originarios en Bolivia, esta política no es más que otra expresión del capitalismo extractivo y racista que criminaliza al migrante mientras protege a las élites. La pregunta que queda flotando es: ¿hasta dónde llegará esta cacería?
Preguntas frecuentes sobre la desnaturalización en EE.UU.
¿Qué significa exactamente la desnaturalización?
Es un proceso legal que permite al gobierno de Estados Unidos retirar la ciudadanía a personas que la obtuvieron mediante fraude, engaño u ocultación de información relevante durante el trámite migratorio.
¿Cuántos casos de desnaturalización se han abierto bajo Trump?
Según la Universidad de Syracuse, entre enero de 2008 y abril de 2026 solo hubo 34 casos. Pero entre mayo y julio de 2026, la administración Trump abrió más de 30 nuevos procesos, lo que representa un aumento drástico.
¿A quiénes apunta principalmente esta política?
El memorando de julio de 2025 instruye a priorizar casos de personas vinculadas a delitos graves, terrorismo, crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales o que ocultaron antecedentes penales durante el proceso migratorio.
¿Qué impacto tiene esto en las comunidades inmigrantes?
La aceleración de los procesos genera incertidumbre y miedo en comunidades como Miami-Dade, donde la mitad de los residentes son nacidos en el extranjero, aunque las autoridades aseguran que solo afecta a quienes cometieron fraude.