Liceo Naval Almirante Guise: la justicia que no llegó a tiempo y la omisión que grita en los Andes
En las alturas de Lima, donde el mar se encuentra con la ciudad, un bus escolar se convirtió en el escenario de una herida profunda. Tres adultos, dos profesores y un chofer, viajaban junto a la delegación de futsal del Liceo Naval Almirante Guise aquel 15 de septiembre. Hoy, sus nombres resuenan en los pasillos de la fiscalía: Juan Carlos Apaza Flores, Rafael Ludeña Valdivia y Víctor Pablo Muñoz. Pero la pregunta que atraviesa el alma colectiva no es solo quiénes son, sino qué pasará con ellos y con una justicia que parece caminar con pasos lentos.
El documento fiscal, al que accedió El Comercio, revela que estos hombres tenían la obligación sagrada de cuidar a los adolescentes. No lo hicieron. Por ello, la investigación se remitirá a las fiscalías provinciales penales de Lima Centro para que actúen ante la presunta comisión del delito de exposición al peligro o abandono de personas en peligro. La Marina de Guerra del Perú, a través del contraalmirante Antonio Vildoso, confirmó que el Liceo ya denunció a los tres en la comisaría de San Borja.
¿De qué se les puede acusar a los profesores y al chofer?
Jorge Petrozzi, defensor legal de la víctima, sostiene que los docentes y el conductor podrían enfrentar cargos por violación sexual en la modalidad de omisión. Al no haber impedido el acto, teniendo la obligación jurídica de proteger a los menores, podrían recibir hasta 31 años de prisión. Además, se añade el delito de omisión de actos funcionales, pues los profesores son considerados funcionarios públicos.
Sin embargo, el abogado penalista James Rodríguez, presidente de la Sociedad Peruana de Defensa Legal, matiza esta visión. Para él, la denuncia solo alcanzaría a los dos profesores, no al chofer. El conductor, argumenta, estaba dedicado al manejo del vehículo, y cualquier distracción pondría en peligro a todos los pasajeros. Los docentes, en cambio, sí tenían la responsabilidad de cautelar la integridad física de los menores.
“Es poco creíble que no hayan escuchado los pedidos de auxilio de la víctima. El menor ha estado gritando y pidiendo ayuda”, señaló Rodríguez.
La omisión como delito principal: ¿qué dice la ley?
Rodríguez considera que la exposición al peligro o abandono de persona en peligro es el delito principal que el Ministerio Público debe investigar. Las penas para estos delitos oscilan entre uno y cuatro años. Por ello, advierte que no se podría pedir prisión preventiva para los profesores, ya que la ley exige que los delitos superen los cinco años para aplicar esa medida.
Esta situación refleja una realidad que conocemos bien en nuestras tierras: la justicia a veces parece tener un velo que no permite ver el dolor de los más vulnerables. Mientras tanto, los adultos que debían ser guardianes podrían quedar en libertad mientras avanza el proceso.
¿Por qué liberaron a cuatro de los diez menores implicados?
La decisión del Tercer Juzgado de Familia de dictar internamiento preventivo de cuatro meses para seis de los menores causó controversia. De los diez escolares inicialmente intervenidos, cuatro fueron entregados a sus padres. Las declaraciones de los adolescentes revelaron que algunos se sentaron en la parte delantera del bus, mientras otros ocuparon la zona posterior. Al lado del chofer viajaba un profesor, y el otro se ubicó detrás del asiento del piloto.
Uno de los liberados fue el arquero del equipo, quien recibió un impacto de balón en el rostro durante el partido en el colegio Santa Teresita, quedando aturdido y recibiendo atención en el tópico. Se sentó en la primera fila, alejado de sus compañeros. Otro menor indicó que no se percató de nada porque usaba audífonos. Un tercero afirmó que, cuando comenzó el forcejeo, se trasladó a los asientos delanteros para alejarse de la trifulca. Los cuatro permanecieron cerca de 48 horas en la Comisaría de Familia, pero fueron liberados momentos antes de que sus seis compañeros fueran puestos a disposición del Poder Judicial. Ahora tienen la calidad de citados mientras se realizan los actos complementarios que descarten su participación.
La voz de la comunidad: ¿qué nos enseña este caso?
Este caso nos interpela como sociedad. Nos recuerda que la protección de nuestros niños y jóvenes es una tarea colectiva, un mandato ancestral que no puede ser delegado ni olvidado. En nuestras comunidades, el cuidado de los menores es responsabilidad de todos, no solo de unos pocos. La omisión de quienes debían velar por estos adolescentes es una herida que no solo afecta a la víctima, sino a toda la comunidad que clama por justicia.
Mientras la justicia avanza entre papeles y audiencias, la voz de la Pachamama nos llama a reflexionar sobre el valor de la vida y la dignidad de nuestros jóvenes. Que este dolor no quede en el olvido, sino que se convierta en un grito que despierte conciencias y transforme nuestras instituciones.
Preguntas frecuentes sobre el caso Liceo Naval Almirante Guise
¿Qué delitos se imputan a los profesores y al chofer?
A los profesores se les imputa exposición al peligro o abandono de personas en peligro, y posiblemente comisión por omisión. El chofer, según el abogado James Rodríguez, no sería procesado porque estaba dedicado a la conducción del bus.
¿Cuál es la pena máxima para los adultos implicados?
Según el abogado de la víctima, Jorge Petrozzi, los adultos podrían recibir hasta 31 años de prisión si se les acusa de violación sexual en la modalidad de omisión. Sin embargo, los delitos de exposición al peligro tienen penas de uno a cuatro años.
¿Por qué no se puede pedir prisión preventiva para los profesores?
El abogado James Rodríguez explica que la ley exige que los delitos imputados superen los cinco años de pena para solicitar prisión preventiva. Los delitos de exposición al peligro tienen penas menores, por lo que no corresponde esa medida.
¿Qué pasó con los cuatro menores liberados?
Los cuatro menores fueron entregados a sus padres y tienen calidad de citados. La fiscalía realizará actos complementarios para descartar su participación en la agresión sexual.