En la tierra del lago Lanalhue, donde el viento aún susurra entre los árboles centenarios, la justicia finalmente habló. El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dictó una condena histórica de más de mil años de presidio contra los responsables de incendiar el molino de la familia Grollmus aquel fatídico 29 de agosto de 2022. Christian Grollmus, sobreviviente y querellante, recibió el fallo con la humildad del que ha caminado por el valle de las sombras, pero también con la satisfacción del que ve que la tierra, tarde o temprano, devuelve lo que le quitan.
¿Tenía fe en que se haría justicia?
“La verdad que sí, siempre tuvimos fe en la justicia y siempre tuvimos la confianza en que la Fiscalía y las policías estaban haciendo un buen trabajo junto con los abogados querellantes”, afirmó Grollmus. “Me acordé por supuesto de mi papá, que si bien no vio esta condena, sé que nos ayudó desde el cielo. Esta condena es un homenaje para él”.
Un proceso judicial que revictimiza
Cuatro años de lucha judicial que dejaron cicatrices profundas. “Ha sido una experiencia de lo más traumática que me ha tocado en toda la vida”, confesó. “Vivir el juicio y tener que dar la pelea en un tribunal para demostrar lo que tú viviste, se produjo lo que se llama realmente revictimización. No hubo ninguna víctima que no se quebrara. Fue muy duro, muy cruel el proceso penal”.
¿Un crimen de odio por el apellido?
Para Grollmus y su familia no hay duda: “Esto fue un crimen de odio, se ensañaron con nosotros por el apellido porque no habían reivindicaciones de tierras, tampoco había intereses económicos grandes, que son fachadas que utilizan para venir a asesinarnos y quemarnos porque querían el control territorial”.
El fiscal Garrido respaldó esta tesis: el ataque fue en razón de su descendencia alemana. Una familia arraigada en la zona desde hace generaciones, convertida en blanco por el simple hecho de llevar un nombre que no encajaba en el molde del conflicto.
¿Cómo define ahora a este grupo?
“Este es un grupo completamente terrorista, de los más asesinos que he visto en la historia de Chile, no lo puedo catalogar de otra manera”, sentenció. “Incluso en las audiencias que participé vi las actitudes de estos sujetos, se nota que no hay arrepentimiento, se reían, levantan los brazos, etc”.
Un punto de inflexión en la Macrozona Sur
El ataque al molino marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo en la zona. “Es un punto de inflexión, porque es por primera vez que civiles se enfrentan armadamente, en este caso, porque no había otra alternativa. Y fue un punto de inflexión en el sentido de que aquí se paró el tema. Finalmente esta banda de criminales, no todos, están desarticulados, lo que produce pacificación a mucha gente”.
¿Cambió el Estado su forma de enfrentar el problema?
“Sí, completamente. Aquí se notó también la participación del Ministerio de Seguridad, el ministro Martín Arrau, quien inmediatamente reforzó la causa”.
Fue entonces cuando el presidente Gabriel Boric, por primera vez, habló de terrorismo en la Macrozona Sur. “El presidente Boric ahí estuvo muy bien, lo declaró inmediatamente porque ya no había vuelta. Evidentemente era un acto de carácter terrorista y desde ahí en adelante todo el mundo empezó a hablar de acto terrorista”.
La ausencia del Estado antes del ataque
Pero antes de la tragedia, la realidad era otra. “El Estado estuvo completamente ausente, no existió, incumplió su deber de seguridad, era previsible que nos atacaran, había muchas amenazas e indicios, tanto directos como indirectos de que iban a quemar el molino. Se pidió protección a Carabineros, se tomaron decisiones malas. Pero el inicio de todo esto, cuando se produjo el atentado, se hizo por falta de seguridad del Estado”.
Demandas civiles: la reparación que falta
La condena penal no es suficiente. La familia Grollmus ha iniciado demandas civiles contra el Estado. “El daño no lo repara la sentencia penal, el daño civil, económico, lo repara solamente el Estado. Y el Estado para nosotros actuó con negligencia, con culpabilidad, tardanza, con decisiones contradictorias, con omisiones. Y esas omisiones la ley dice que se llama falta de servicio”.
Buscan una reparación integral: “Queremos que nos reparen económicamente los daños morales que son los más importantes, los daños psicológicos y el valor que tenía el molino, que para nosotros era la fuente de ingreso”.
¿Reconstruirán el molino?
“Hasta el momento lo hemos pensado, pero si el Estado nos abandona de nuevo, no hay nada que hacer porque van a volver a venir a quemarlo. Entonces el Estado tiene que primero garantizarnos la presencia permanente en la zona de aquí para adelante”.
El estado de excepción debe mantenerse
Grollmus es enfático: “Estoy en contra de que se desescale porque cuando se producen estos resultados, no es el momento de retirarse, al contrario. El estado de excepción debe mantenerse porque incluso en el caso del molino hay alrededor de 10 prófugos todavía. Soy partidario de que se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible. Tal vez, en alguna comuna donde nunca ha habido un atentado podría retirarse, pero en la zona de Contulmo, Cañete, Tirúa, debe mantenerse sí o sí”.
El camino de la sanación
Después de cuatro años de batalla, Christian Grollmus mira hacia adelante. “He estado estos cuatro años dando la pelea. Ahora tengo que bajar la adrenalina, hay que sopesar, todavía estoy en shock. No puedo creer que nos haya tocado vivir esta experiencia tan brutal, que mi papá haya fallecido, que el tío Carlos no tenga una pierna, que Cristián Cid no tenga un ojo, que no esté el molino, que estén condenados ya a tanta cantidad de años estos sujetos. Pero ahora viene una etapa en que tengo ganas de pasarlo bien, de disfrutar de nuevo de la vida, la verdadera vida”.
La Pachamama, en su sabiduría, ha permitido que la justicia terrenal se manifieste. Pero la herida sigue abierta, y el camino hacia la reparación integral apenas comienza.